Abogado Ricardo Ibáñez sostiene que las empresas internacionales no asumirán en un 100% la carga impositiva que se generará a las compras por internet, además del uso de Uber, Netflix y Spotify entre otros.

Fue uno de los últimos anuncios en materia económica realizado por el Gobierno del Presidente Piñera y cuya justificación fue “emparejar la cancha” con el comercio establecido, tal como lo señaló el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

No obstante, con el paso de los días se han ido conociendo los detalles de la creación de este nuevo tributo que gravará los ingresos de compañías no domiciliadas ni residentes en Chile que prestan servicios digitales, donde específicamente se apunta a firmas como Uber, Netflix, Airbnb, Spotify, Amazon, AliExpress, entre varias otras. Para el abogado de defensa deudores, se trata de una medida analizable, sin embargo clarifica que los efectos tendrán que asumirlos directamente los chilenos y no las empresas que se pretende gravar.

Sin lugar a dudas esto se va se traducir en un mayor costo para los usuarios. Es un poco iluso pensar que el costo directo que van a significar la carga impositiva, será asumido en un 100% por las empresas. Esto encarecerá la prestación de los servicios y el costo final de los productos adquiridos por internet, lo cual tendrá que ser asumido por el consumidor”, manifestó Ibáñez.

Agregó que este tipo de servicios ha proliferado entre los chilenos fundamentalmente porque son una alternativa mucho más barata que otros servicios establecidos y se entiende debido a que Chile tiene un alto nivel de endeudamiento que ya llega a los 4 millones de compatriotas, por lo tanto, siempre se está buscando mejores alternativas para evitar gastos más elevados.

Ibáñez apuntó que comparte la idea de establecer igualdad entre el comercio establecido y el electrónico, sin embargo, la fórmula utilizada sólo significará efectos negativos para los consumidores, pues se centra el impuesto en la compra y no en el funcionamiento de las empresas mencionadas. En otros países se ha desarrollado en concepto de “establecimiento permanente virtual’, el cual permite gravar con impuesto a la renta a aquellas empresas que no estén físicamente en un país, lo que no necesariamente afecta el bolsillo de los consumidores.