En procedimiento abreviado, el Juzgado de Garantía de Quilpué condenó hoy –lunes 6 de marzo– a Natalia Guerra Jequier a la pena de 5 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena, en calidad de autora del delito consumado de parricidio. Ilícito cometido el 23 de noviembre de 2012, al interior del fundo Los Culenes, ubicado en el sector de Colliguay de la comuna de Quilpué.
En el fallo (causa rol 1847-2013), la magistrada Deisy Machuca Cabrera condenó, además, a Pablo Undurraga Atria a sufrir la pena efectiva de 5 años de presidio, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena, como autor del delito consumado de homicidio calificado.
Asimismo, la magistrada Machuca Cabrera condenó a David Fabián Pastén Rojas, María del Pilar Álvarez Fuenzalida, Carolina Alejandra Vargas San Martín, Josefina Isabel López Núñez y Karla Franchy Arana a penas de 3 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de las condenas, en calidad de encubridores del delito de homicidio calificado.
En el caso de los condenados como encubridores, el tribunal dispuso que deberán «quedar sujetos al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, por el lapso de tiempo que dure la condena, debiendo el delegado designado para el control de estas penas, proponer al tribunal, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, el plan de intervención individual, el que deberá comprender la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social de los condenados, tales como la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil».
Plan de intervención que deberá ser aprobado por el tribunal en una audiencia que quedó programada para las 9 horas del 20 de abril próximo.
Asimismo, una vez ejecutoriado el fallo, se ordenó que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
